Trump quiere acabar con las ayudas para los migrantes, pero algunos ciudadanos serían afectados

El presidente Donald Trump ha prometido acabar con lo que califica como el “despilfarro de los recursos de los contribuyentes, ganados con tanto esfuerzo”, cortando las prestaciones federales a los inmigrantes no autorizados y asegurándose de que los fondos se destinen a los ciudadanos estadounidenses necesitados.

Funcionarios gubernamentales han dicho que erradicarán a los “extranjeros ilegales” que viven en viviendas subvencionadas por el gobierno federal. El Departamento de Agricultura ha ordenado a los estados que mejoren las prácticas de verificación de la inmigración utilizadas para determinar la elegibilidad para los cupones de alimentos. Y los republicanos de la Cámara de Representantes acaban de aprobar un proyecto de ley fiscal que limitaría a ciertos inmigrantes el acceso a Medicaid y Medicare, a un popular crédito fiscal para padres y a ayudas económicas federales, entre otras prestaciones.

Estas medidas constituyen un intento agresivo de frenar el uso de los programas de la red de seguridad por parte de las familias inmigrantes. Aunque los republicanos afirman que quieren eliminar los incentivos para que la gente entre de manera ilegal en el país, los inmigrantes no autorizados no suelen recibir prestaciones federales, debido a los esfuerzos para reducir su elegibilidad.

Los expertos en inmigración y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que los cambios afectarán sobre todo a los niños que son ciudadanos estadounidenses pero cuyos padres están indocumentados o a los inmigrantes autorizados para vivir en Estados Unidos, como los refugiados y las personas a las que se les ha concedido asilo.

El 12 por ciento de los niños estadounidenses, unos nueve millones de personas, son ciudadanos con al menos un progenitor no ciudadano. Los niños con al menos un progenitor inmigrante tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que los que tienen padres nacidos en el país, según un informe de 2022 elaborado por investigadores de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Boston.

“En nombre de querer adoptar una postura política dura contra los inmigrantes, la realidad es que van a castigar de muchas maneras a los ciudadanos y a otros inmigrantes que han cumplido los requisitos en el pasado”, dijo Shelby Gonzales, vicepresidenta de políticas migratorias del Center on Budget and Policy Priorities, un grupo de reflexión que se inclina hacia las ideas de izquierda.

Algunos de los cambios más sustanciales estarían incluidos en la ley fiscal, pieza central de la agenda económica de Trump, que los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron por un estrecho margen el jueves. Si lo aprueba el Senado, el paquete aumentaría la desgravación fiscal por hijos hasta 2500 dólares, pero limitaría su disponibilidad a los padres que cuentan con Seguro Social.

La ley actual permite que los niños que tienen número en el Seguro Social reciban esa prestación, aunque sus padres solo tengan un número de identificación fiscal individual, que se expide a las personas no ciudadanas para que paguen impuestos.

El cambio haría que unos dos millones de niños con número del Seguro Social dejen de tener derecho a esa prestación, según una estimación del Comité Conjunto de Impuestos.

Algunos defensores del cambio argumentan que la desgravación fiscal por hijos permite actualmente que los inmigrantes no autorizados se beneficien del dinero de los contribuyentes, y que esa financiación debería suprimirse aunque sus hijos sean ciudadanos.

“En el mundo real, el dinero va a parar a los padres extranjeros ilegales, que no están obligados a gastarlo en sus hijos”, dijo George Fishman, jurista del Centro de Estudios sobre Inmigración, un grupo de reflexión que es partidario de restringir la inmigración.

Otros dijeron que los posibles cambios socavarían el bienestar de los niños que son ciudadanos estadounidenses en hogares de inmigrantes. Las familias en las que alguien no tiene número del Seguro Social ya no pueden acogerse a la desgravación fiscal por rendimientos del trabajo, que supone un importante estímulo para los hogares con bajos ingresos. Las investigaciones han demostrado que los niños que reciben prestaciones económicas similares gozan de mejor salud, ganan más y cometen menos delitos más adelante.

“De cara al futuro, ellos son los adultos de este país”, dijo Dolores Acevedo-García, profesora de trabajo social de la Universidad de Boston, quien estudia a la comunidad inmigrante. “¿Queremos dejar de invertir en ellos ahora para que su educación y su salud y todo se deteriore, y luego tengamos que enfrentarnos a eso dentro de unos años?”.

El proyecto de ley fiscal también endurecería la elegibilidad para los programas federales de seguro médico. Los inmigrantes autorizados a vivir en Estados Unidos, pero que no sean residentes legales permanentes, ya no tendrían derecho a Medicare, a menos que se les apliquen determinadas excepciones. El paquete también impediría que esos inmigrantes recibieran un seguro médico subvencionado en los mercados creados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Estos cambios podrían afectar a los refugiados, a los inmigrantes a los que se les conceda asilo y a las personas con estatus de protección temporal. También denegaría totalmente el acceso a los planes del mercado a las personas traídas a Estados Unidos de niños, quienes actualmente están protegidas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Algunos de esos inmigrantes tienen una vía para obtener la green card, pero no todos, como los extranjeros a los que se les ha concedido el permiso humanitario de inmigración o el estatuto de protección temporal.

El plan fiscal también recortaría la financiación de la expansión de Medicaid en 10 puntos porcentuales para los estados que utilizan su propio dinero para dar cobertura a los inmigrantes no autorizados de bajos ingresos, lo que podría penalizar a 14 estados que ofrecen cobertura sanitaria a los niños independientemente de su situación migratoria, según KFF, un grupo de investigación sobre política de salud.

Los estados podrían optar por dejar de cubrir a los inmigrantes no autorizados y conservar sus fondos federales de contrapartida. O podrían mantener esa cobertura y asumir el impacto en sus reembolsos federales, lo que supondría menos dinero para los ciudadanos estadounidenses que dependen de Medicaid. Las investigaciones también han demostrado que quien no tiene seguro médico tiene más probabilidades de acudir a los servicios de urgencias para recibir cuidados de condiciones que podrían evitarse. Los hospitales deben proporcionar atención de urgencia independientemente de la situación de inmigración del paciente, por la que pueden recibir reembolsos a través de Medicaid de urgencia.

“Así que van a tener que buscar otros programas, o simplemente recortar la financiación para los inmigrantes no autorizados, lo que va a repercutir en todos los miembros de esa familia, incluidos los familiares ciudadanos”, afirmó Wendy Cervantes, directora de inmigración del Centro de Derecho y Política Social.

El proyecto de ley también pondría fin a la obligación de los estados de proporcionar prestaciones de Medicaid a los solicitantes durante un periodo de gracia en el que se está verificando su situación de inmigración o ciudadanía, lo que podría denegar la cobertura a quien no tenga fácil acceso a documentos como el pasaporte o el certificado de nacimiento.

Y el proyecto de ley fiscal suprimiría las ayudas federales a la matrícula y los cupones para alimentos a casi todos los inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes.

Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato, un centro de estudios libertario, dijo que apoyaba los esfuerzos por restringir el acceso de los inmigrantes a las prestaciones federales. Pero también afirmó que los cambios no implicarían un gran ahorro presupuestario porque los no ciudadanos solo reciben el 3,5 por ciento de todas las prestaciones sociales.

“El déficit presupuestario no puede cubrirse expulsando a los no ciudadanos de las prestaciones sociales”, dijo Nowrasteh. “Dicho esto, hay que eliminarlos porque un dólar ahorrado es un dólar ahorrado, y eso es suficiente. Prefiero que saquen a los inmigrantes de la asistencia social a que los saquen del país”.

Aunque la ley fiscal aún está tramitándose en el Congreso, muchos organismos federales ya están tratando de restringir el acceso de los inmigrantes no autorizados a los programas. En marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano dijo que colaboraría con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que los programas federales de vivienda no beneficiaran a los inmigrantes en detrimento de los ciudadanos. La Administración de Pequeñas Empresas ha prohibido los préstamos a empresas con cualquier cantidad de inversión de personas sin número del Seguro Social, limitando el crédito a los empresarios nacidos en Estados Unidos.

Muchos directores de autoridades de vivienda y expertos en política de vivienda esperan que el gobierno de Trump proponga una norma que prohíba a las familias con algún miembro indocumentado acceder a viviendas subvencionadas, aunque sus hijos sean ciudadanos estadounidenses y tengan derecho a la prestación. El gobierno de Trump propuso una norma similar durante su primer mandato, pero no la puso en práctica. El Departamento de Vivienda descubrió que hacerlo podría desplazar a 55.000 niños que estaban en el país legalmente, y que más de 108.000 personas que recibían ayudas vivían en un hogar con al menos un miembro que no cuenta con el permiso legal para residir en el país.

“Los niños de familias inmigrantes, que a menudo son ciudadanos estadounidenses, se verían perjudicados tanto por la amenaza de separación familiar como por el riesgo de quedarse sin hogar”, dijo Tanya Broder, asesora principal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

Otros organismos que gestionan programas de prestaciones han reiterado que los inmigrantes no autorizados no pueden recibir financiación. El Departamento de Trabajo envió el mes pasado una carta a los estados advirtiéndoles que podrían perder fondos federales si permitían que inmigrantes no autorizados recibieran prestaciones de desempleo. La Administración del Seguro Social también expresó su “pleno apoyo” a los esfuerzos de Trump para garantizar que los inmigrantes que no cuentan con un permiso legal no recibieran prestaciones del Seguro Social.

El gobierno de Trump también ha presionado a los estados demócratas que ayudan a los inmigrantes no autorizados, entre otras cosas iniciando una investigación sobre un programa de California que ha proporcionado ayuda en efectivo a algunos inmigrantes y revocando las exenciones a los colegios y universidades estatales que usan dinero federal para proporcionar algunos servicios a inmigrantes no autorizados.

Valerie Lacarte, analista política del Instituto de Política Migratoria, dijo que este intento de perseguir a los inmigrantes podría tener un efecto amedrentador, haciendo que la gente dude al momento de solicitar prestaciones por temor a que sus familiares puedan ser deportados si comparten su información con el gobierno.

“Incluso si reúnes los requisitos y puedes obtener esas prestaciones, también le estás notificando al estado o a la agencia que hay un inmigrante no autorizado en tu hogar”, dijo Lacarte. “Esa retórica disuade a la gente de utilizar las prestaciones públicas”.

Andrew Duehren colaboró con la reportería.

Madeleine Ngo cubre la política económica estadounidense y cómo afecta a la gente de todo el país.

Lydia DePillis reporta sobre la economía estadounidense. Es periodista desde 2009, y le puedes escribir a lydia.depillis@nytimes.com.