Muere Alberto Fujimori, exlíder de Perú encarcelado por abusos a los derechos humanos
Durante una década en el poder, reactivó la economía y aplastó dos violentas insurgencias izquierdistas. Se vio obligado a dejar el cargo por un escándalo de corrupción y luego fue encarcelado.
Su hija, Keiko Fujimori, confirmó su muerte en una publicación en X. Fujimori, que padecía arritmia y otras dolencias, murió de cáncer.
Hijo de inmigrantes japoneses, Fujimori era un desconocido ingeniero agrónomo y un novato en política cuando se postuló a la presidencia en 1990, haciendo la famosa campaña a bordo de un tractor. Sorprendió a la nación al quedar en segundo lugar entre muchísimos candidatos y luego derrotar al favorito de los poderes tradicionales, el novelista Mario Vargas Llosa, en una segunda vuelta.
En el cargo, Fujimori controló la hiperinflación, el desempleo y la mala gestión; elevó el crecimiento económico y el nivel de vida, y tomó medidas contra el narcotráfico. Pero también mostró poco respeto por las leyes e instituciones peruanas. Cerró temporalmente el Congreso y gobernó por decreto durante meses. Se le elogió por someter a las dos insurgencias, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero la brutalidad de sus métodos acabó provocando críticas mundiales y acarreándole una larga condena en prisión.
Su caída parecía tan improbable como su ascenso. Defenestrado en el año 2000 después de que un canal de televisión difundiera un video en el que se veía a su jefe de inteligencia intentando sobornar a un congresista, Fujimori huyó a Japón, donde presentó su renuncia por fax desde un hotel de Tokio. Después de cinco años en el exilio, viajó a Chile para intentar una reaparición política; en cambio, fue extraditado a Perú.
En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por las atrocidades que una unidad militar llevó a cabo a principios de su presidencia, en un episodio en el que 25 personas fueron asesinadas.
Se cree que Fujimori es el primer expresidente elegido democráticamente en el mundo que es declarado culpable de violaciones de los derechos humanos en su propio país. Pero incluso desde la prisión siguió atrayendo el apoyo de las bases populares.
El fujimorismo dominó la política peruana mucho después de la caída de su líder. La hija mayor de Fujimori, Keiko, que había sido primera dama después de que sus padres se enemistaran públicamente, heredó la mayor parte de su base. Estuvo a punto de ganar la presidencia en 2011 y 2016, y fue la principal líder de la oposición del país durante varios años.
Fujimori había solicitado en repetidas ocasiones un indulto presidencial, alegando que su salud se estaba deteriorando rápidamente en la cárcel. El 24 de diciembre de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto por razones humanitarias, solo tres días después de sobrevivir a una votación de destitución con la inesperada ayuda de los partidarios de Fujimori en el Congreso. El indulto desencadenó protestas callejeras y fue anulado al año por la Corte Suprema de Justicia de Perú. Fujimori volvió a prisión el 23 de enero de 2019.
En diciembre pasado,el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de Fujimori, desafiando la orden de una corte internacional de que permaneciera en prisión. Algunos expertos describieron la decisión como un ejemplo del deterioro institucional de Perú.
Fujimori, el líder más controversial de la historia moderna de Perú, ha eludido un juicio sencillo de la historia.
“El manejo de la economía y su éxito en el combate a Sendero Luminoso marcan sus dos legados más importantes”, dijo Julio F. Carrión, politólogo de la Universidad de Delaware especializado en América Latina. “Aunque logró resolver los problemas económicos y de seguridad, lo hizo de forma autoritaria”.
Paulo Drinot, historiador de Perú en el University College de Londres, dijo sobre la presidencia de Fujimori: “Fue un régimen muy autoritario a partir de 1992, y fue también, como sabemos ahora, un régimen muy corrupto, que en conjunto fue más negativo que positivo para Perú. Contribuyó a establecer una cultura política muy polarizada y poco institucionalizada, y, realmente, una sensación de que el país es casi ingobernable”.
Raíces en Japón
Alberto Kenya Fujimori nació en Lima el 28 de julio de 1938, el segundo de los cinco hijos de dos inmigrantes japoneses, Naoichi y Mutsue (Inamoto) Fujimori. Su padre había llegado a Perú para cultivar algodón y más tarde fue sastre. Sus padres eran budistas, pero él fue educado como católico.
Recibió un título en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1961 y realizó estudios de postgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y en la Universidad de Estrasburgo, Francia.
Cuando entró en la contienda presidencial en 1989, nunca había ocupado un cargo electo; de hecho, al principio no tenía partido político. Profesor de matemáticas con anteojos, era más conocido por haber sido presidente de su alma máter y de la Asamblea Nacional de Rectores del Perú, y por haber presentado a finales de la década de 1980 un programa de televisión llamado Concertando.
Para ganar atención en una elección entre nueve candidatos, Fujimori hizo hincapié en su herencia. Adoptó el apodo de “El Chino”, término general que a menudo se utiliza en América Latina para referirse a las personas de ascendencia asiática.
Afirmando ser descendiente de un ilustre samurái, posaba para las fotografías de la campaña vistiendo trajes japonesas y agitando la espada de un señor de la guerra. Otras veces llevaba un poncho o suéter tejido y chullo ( un sombrero a rayas con orejeras), un traje indígena que hacía las delicias de los peruanos de ascendencia mixta, muchos de los cuales estaban cansados de ser gobernados por la élite blanca. Su eslogan era “Un presidente como tú” y, para sorpresa de todos, funcionó.
Con una plataforma que prometía “honradez, tecnología, trabajo”, Fujimori prometió traer la inversión y la tecnología japonesas e integrar su país de la cuenca del Pacífico en la floreciente economía transpacífica. Se presentó como centrista, prometiendo reactivar la agricultura y mantener un sistema de grandes empresas estatales
Consiguió una insólita base de apoyo entre los cristianos evangélicos, los empresarios, los estudiantes y profesores universitarios y los pobres. Prometió acabar con la guerrilla, el narcotráfico, la violencia política y el estancamiento económico que habían lastrado a Perú durante décadas.
Una vez en el cargo, Fujimori dejó su impronta con un programa de reformas de mercado que se asemejó a una terapia de choque, y que había sido una propuesta clave de Vargas Llosa que Fujimori había prometido no aplicar.
En una ráfaga de decretos, Fujimori redujo los aranceles, dio a los empresarios más poder para despedir a los trabajadores, eliminó las restricciones a la inversión extranjera, rompió los monopolios de los seguros y los puertos, fijó las condiciones para la venta de las acciones de las empresas estatales y permitió a los campesinos vender o hipotecar las tierras obtenidas en el marco de los programas de reforma agraria.
Los precios de productos como la leche y el pan se dispararon rápidamente, pero a largo plazo, Fujimori fue aclamado por haber estabilizado finalmente la economía peruana, en parte gracias a la adopción de una nueva moneda.
Su siguiente reto fue la escalada de violencia de Sendero Luminoso, dirigido por un carismático ex profesor universitario de filosofía, Abimael Guzmán Reynoso, que había sintetizado ideas de Marx, Lenin y Mao. Fundado en 1970 en Ayacucho, en la sierra andina, se convirtió en una insurgencia violenta en 1980. Cuando Fujimori llegó al poder, Sendero Luminoso había extendido su alcance a los barrios populares de Lima y llevaba a cabo asesinatos y bombardeos contra bancos, embajadas y centrales eléctricas.
Sin embargo, nadie estaba preparado cuando Fujimori anunció por televisión, el 5 de abril de 1992, que disolvía el Congreso, reorganizaba el poder judicial y suspendía la Constitución. Fujimori carecía de mayoría en el poder legislativo, y dijo que las medidas eran esenciales para combatir el terrorismo. Mientras soldados en vehículos blindados tomaban las principales calles de Lima, Estados Unidos condenó la toma de poder y el Congreso peruano, reunido en secreto en la casa de un legislador, votó a favor de la destitución.
La medida fue calificada de “autogolpe”, una especie de golpe de Estado en el que un líder, a pesar de haber llegado al poder por medios democráticos, asume poderes extraordinarios que no se conceden en circunstancias normales. Pero la mayoría de los peruanos, que detestaban a los diputados, lo acogieron con satisfacción, y Fujimori desvió las críticas internacionales diciendo que la medida era solo temporal.
Para entonces Fujimori había ligado su suerte a la de Vladimiro Montesinos, un abogado y ex capitán de policía que había trabajado con la CIA. Cuando Fujimori se presentó como candidato en 1990, Montesinos le ayudó a defenderse de las acusaciones de evasión de impuestos; después de las elecciones, Montesinos se convirtió en el principal asesor de inteligencia del presidente, llegando a acumular una enorme influencia sobre el ejército y el poder judicial.
A instancias suyas, se reforzaron las leyes antiterroristas para que los acusados pudieran ser llevados ante jueces militares encapuchados y condenados a 20 años de prisión en régimen de aislamiento sin apenas garantías procesales.
Muchos calificaron la represión de “guerra sucia”, comparándola con los escuadrones de la muerte de la derecha que persiguieron a los izquierdistas y disidentes en Argentina en décadas anteriores. Pero Fujimori insistió en que los juicios acelerados y las prisiones draconianas eran esenciales para controlar la violencia rebelde.
Su argumento cobró fuerza en julio de 1992, cuando los guerrilleros de Sendero Luminoso mataron y mutilaron a decenas de personas con coches bomba en un lujoso barrio de Lima, resaltando la ferocidad de sus métodos. Menos de dos meses después, llegó la sorprendente noticia de que la policía había capturado a Guzmán, poniendo fin a 12 años de persecución. Guzmán fue presentado en una jaula ante los periodistas y luego fue condenado a cadena perpetua.
La popularidad de Fujimori se disparó. Los votantes lo recompensaron aprobando una nueva Constitución en 1993 que reforzaba los poderes de la presidencia. Las inversiones extranjeras comenzaron a llegar y en 1994, Perú disfrutó de una de las tasas de crecimiento más altas del mundo.
Esto fue suficiente para asegurar la reelección de Fujimori con casi dos tercios de los votos; su rival más cercano, Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de las Naciones Unidas, obtuvo el 22 por ciento.
Una nueva crisis
Pero al poco tiempo se produjo otra crisis: el 17 de diciembre de 1996, guerrilleros fuertemente armados del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru asaltaron la residencia del embajador de Japón en Lima y tomaron 490 rehenes, entre los que se encontraban dignatarios como el ministro de Relaciones Exteriores, varios magistrados del Tribunal Constitucional, altos mandos policiales y la madre de Fujimori, que se habían reunido allí para celebrar el cumpleaños del emperador Akihito. Los rebeldes exigían la liberación de sus compañeros encarcelados, entre ellos una simpatizante estadounidense, Lori Berenson.
La mayoría de los rehenes, incluida la madre de Fujimori, fueron liberados pronto, pero las negociaciones sobre los 72 restantes se prolongaron durante meses. Fujimori incluso voló a Cuba para discutir con Fidel Castro una posible oferta de asilo a los rebeldes. La situación se extendió hasta el 22 de abril de 1997, cuando los soldados irrumpieron en la residencia, y mataron a 14 guerrilleros, algunos de los cuales habían intentado rendirse. Todos los rehenes, excepto uno, sobrevivieron.
La resolución de la crisis impulsó temporalmente la popularidad de Fujimori, pero esta había empezado a agotarse. Cuando varios magistrados de la Corte Suprema sostuvieron que no podía aspirar a un tercer mandato, sus aliados en el Congreso los despidieron, argumentando que tenía derecho a presentarse a la reelección porque su primer mandato había comenzado durante una Constitución anterior. Después de que un canal de televisión de Lima revelara que el gobierno había intervenido los teléfonos de reconocidos ciudadanos y periodistas, el gobierno revocó la ciudadanía del propietario del canal, un ciudadano israelí que se había nacionalizado peruano.
Cuando Fujimori anunció formalmente su campaña de reelección en 1999, el giro de Perú hacia el autoritarismo había sido ampliamente deplorado. La exesposa de Fujimori, Susana Higuchi, que en 1994 lo había acusado de tener una amante, de no dejarla entrar en el palacio, de impedirle ver a sus hijos e incluso de conspirar para secuestrarla, se presentó como candidata al Congreso mientras denunciaba que era un dictador. (Se le impidió presentarse a la presidencia contra su esposo en 1995, pero ganó un escaño en el Congreso en 2000).
En abril de 2000, Fujimori quedó en primer lugar en unas elecciones empañadas por acusaciones de fraude, aunque no por un margen suficiente para evitar una segunda vuelta contra su rival más cercano, Alejandro Toledo, un ex profesor de escuela de negocios que, al igual que Fujimori, tenía raíces humildes. Toledo, alegando lo que llamó fraude electoral e irregularidades en la campaña, instó a sus votantes a abstenerse, y los observadores internacionales se retiraron disgustados. Fujimori declaró la victoria, pero fue una victoria vacía: mientras juraba su cargo por tercera vez, la policía disparaba cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes.
La caída de Fujimori no se hizo esperar: a las siete semanas de su nuevo mandato, el 14 de septiembre de 2000, un canal de televisión por cable transmitió una cinta de video de 58 minutos que mostraba a Montesinos entregando 15.000 dólares a un político de la oposición, Alberto Kouri, para que desertara y se pasara al partido de Fujimori.
Surgieron más cintas que mostraban sobornos. Más tarde se reveló que Montesinos —encarcelado desde 2003— había orquestado no solo la represión política, sino también una lucrativa serie de malversaciones, tráfico de influencias y esquemas de sobornos. También había filmado muchas, si no todas, sus reuniones para posibles chantajes; las cintas se convertirían en la prueba A en decenas de juicios por corrupción tras la renuncia de Fujimori.
El escándalo llevó rápidamente a Fujimori a anunciar que convocaría nuevas elecciones y que no se presentaría a un nuevo mandato. También dijo que desmantelaría el temido servicio de inteligencia que había dirigido Montesinos.
Con la intención de reforzar el apoyo a la transición política, Fujimori visitó Washington y luego Tokio, desde donde presentó su renuncia. En una última bofetada al presidente, el Congreso rechazó la dimisión, pero declaró vacante la presidencia, diciendo que Fujimori era “moralmente incapaz” de ejercer el cargo.
Con permiso para establecerse en Japón —tenía derecho a la ciudadanía por sus padres—, Fujimori trató de presentarse como comentarista sobre el terrorismo. Pensó en presentarse como candidato al Parlamento en Japón y en volver a la política en Perú. Mientras el gobierno peruano intentaba infructuosamente extraditar a Fujimori, una comisión de la verdad nombrada por el gobierno concluyó que 69.000 personas habían muerto entre 1980 y 2000 en conflictos entre rebeldes y el gobierno.
Aunque la comisión concluyó que Sendero Luminoso era responsable de la mayoría de las muertes, también acusó a Fujimori y a sus dos predecesores, Fernando Belaúnde y Alan García, de abusos generalizados. El informe concluyó que tres de cada cuatro víctimas mortales eran indígenas quechuahablantes, en su mayoría civiles inocentes atrapados en los combates.
No contento con el exilio, Fujimori planificó su regreso al poder. Pero horas después de aterrizar en Chile, en lo que iba a ser la primera etapa de un regreso triunfal, fue detenido por una antigua orden internacional. Perdió su candidatura a un escaño en el Parlamento de Japón mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, y fue enviado de regreso a Perú en 2007.
‘Soy inocente’
En su juicio, que comenzó aquel diciembre e incluyó el testimonio de más de 80 testigos y casi dos decenas de expertos externos, los fiscales argumentaron que Fujimori no hizo nada para impedir que un escuadrón de la muerte militar, el grupo Colina, cometiera dos atrocidades: la masacre de 15 personas en noviembre de 1991, incluido un niño de 8 años, en una pollada en Lima, y el asalto a la Universidad La Cantuta en julio de 1992, en el que murieron nueve estudiantes y un profesor.
“Soy inocente”, insistió Fujimori ante el tribunal. “El Perú que yo heredé era un desastre. Estaba en una situación caótica por donde se le mirara”. La campaña contra el terrorismo, insistió, fue “eliminar la sensación de desorden y anarquía que se había instalado en el Perú”.
En abril de 2009, Fujimori fue condenado por asesinato, secuestro agravado y lesiones, así como por crímenes contra la humanidad. Recibió una condena de 25 años.
Pero ahí no acabaron sus problemas legales. Más tarde, ese mismo año, admitió haber realizado un pago de 15 millones de dólares a Montesinos para evitar un golpe de Estado, y también admitió haber autorizado escuchas telefónicas ilegales y sobornos. En 2015, fue condenado por utilizar dinero público para influir en la cobertura periodística durante su campaña de reelección en 2000.
Además de su hija Keiko, le sobreviven una hija menor, Sachi, y dos hijos, Hiro y Kenji, todos de su matrimonio con Higuchi; su segunda esposa, Satomi Kataoka; y varios nietos.
Alberto Fujimori no era dado a la introspección. En las entrevistas realizadas para el documental de 2006 La caída de Fujimori, producido mientras estaba en el exilio, Fujimori insistió en que había hecho lo necesario para restablecer el orden en Perú, y negó haber consentido los abusos. Montesinos había ocultado su faceta de “personaje diabólico”, dijo. Y añadió: “No he robado un solo dólar”.
Siguió insistiendo en que era inocente de los delitos desde su celda, en un recinto construido para él en las afueras de Lima, donde cultivaba un jardín, pintaba y componía mensajes en Twitter. Pero a veces, expresaba su arrepentimiento.
En 2012, mientras esperaba una respuesta a una solicitud de indulto, pintó un retrato de sí mismo sonriendo y saludando, vestido con un poncho y un sombrero coronado con flores. Lo firmó, escribiendo “Perdón por lo que no llegué a hacer, y por lo que no pude evitar”.
Mitra Taj, Marcelo Rochabrún y Andrea Zarate colaboraron con la reportería.
Sewell Chan trabajó en The New York Times, como reportero y editor, de 2004 a 2018. Más de Sewell Chan