El gobernador McKee firma simbólicamente proyectos de ley que protegen los derechos de los inmigrantes y promueven comunidades más seguras

El evento del viernes fue organizado por Dorcas International, una organización local sin fines de lucro que ofrece educación, aprendizaje de idiomas, capacitación laboral, servicios legales de ciudadanía e inmigración, entre otros servicios, a los residentes de Rhode Island.

La legislación fue promovida por el líder de la mayoría del Senado, Frank Ciccone (D-Dist. 7, Providence, Johnston); el representante Brandon Potter (D-Dist. 16, Cranston); la representante Leonela Felix (D-Dist. 61, Pawtucket); el senador Jonathon Acosta (D-Dist. 16, Central Falls, Pawtucket); la senadora Meghan Kallman (D-Dist. 15, Pawtucket, Providence); el representante Joshua Giraldo (D-Dist. 56, Central Falls); la senadora Ana Quezada (D-Dist. 2, Providence); y el representante Jose Batista (D-Dist. 12, Providence).

“Los estados actúan como una salvaguardia importante cuando surgen dudas sobre la protección de los derechos constitucionales. Rhode Island tiene la obligación de garantizar que toda actividad policial realizada en nuestras comunidades cumpla con las normas establecidas en la Constitución”, afirmó el líder Ciccone.

“Bajo la administración Trump, funcionarios federales han invadido nuestros estados y han ignorado flagrantemente los derechos constitucionales de los ciudadanos cuyas comunidades han ocupado. Estos abusos son cada vez más descarados. Este gobierno federal no se autorregula, por lo que los habitantes de Rhode Island necesitan una defensa en los tribunales estatales para proteger sus derechos constitucionales; eso es precisamente lo que ofrece esta legislación”, manifestó el representante Potter. “Durante demasiado tiempo, los funcionarios federales han gozado de una amplia inmunidad frente a demandas en tribunales federales, una deficiencia de nuestro sistema jurídico que esta administración, que actúa al margen de la ley, ha puesto de manifiesto de manera desgarradora. Me enorgullece que Rhode Island haya dado un paso al frente para defender a sus residentes”.

“A medida que seguimos reconociendo las injusticias arraigadas en nuestro sistema judicial —las cuales han afectado negativamente sobre todo a residentes de color o de recursos socioeconómicos limitados—, este proyecto de ley ayudará a corregir una superposición involuntaria entre la ley federal de inmigración y las leyes generales de Rhode Island relativas a los delitos menores”, declaró el senador Acosta. “La aprobación de esta medida cobra aún más importancia en la actualidad, dada la deplorable retórica y las acciones provenientes de Washington bajo la administración actual. Actualizar estas definiciones obsoletas contribuirá a mitigar injusticias judiciales persistentes, al tiempo que ahorrará dinero a los contribuyentes y aliviará la presión sobre el sistema penitenciario. No obstante, lo más importante es que este proyecto de ley tendrá un impacto significativo y positivo en la vida de personas que, si bien han cometido errores, tienen un deseo sincero y auténtico de ser miembros productivos de nuestra sociedad”.

“Reducir una pena máxima en un solo día puede parecer un cambio menor, pero para muchas familias de Rhode Island puede significar la diferencia entre permanecer unidas y ser separadas”, afirmó la representante Félix. “Según la ley federal de inmigración, una infracción menor que conlleva una posible pena de un año puede desencadenar graves consecuencias migratorias, incluida la deportación, incluso cuando no se impone tiempo de cárcel. Este proyecto de ley elimina ese vacío legal para delitos menores y no violentos, al tiempo que mantiene sanciones adecuadas para los delitos graves. Un residente permanente legal que ha vivido, trabajado, pagado impuestos y criado a su familia en Rhode Island durante décadas no debería enfrentarse a la deportación debido a un tecnicismo en nuestras leyes de imposición de penas. Esta legislación aporta mayor equidad y proporcionalidad a nuestro sistema de justicia”.

“Cuando el ICE pone en la mira a residentes de Rhode Island en nuestros tribunales, se genera un efecto disuasorio en nuestro sistema de justicia. Nuestros tribunales solo pueden mantenerse libres y justos si todos los acusados, demandantes y testigos —independientemente de su estatus migratorio— pueden acceder a ellos sin temor a ser detenidos o deportados”, afirmó la senadora Kallman. “Bajo esta administración, la insistencia del ICE en perseguir a personas que ejercen sus derechos y cumplen con sus responsabilidades legales en nuestros tribunales ha privado a quienes tienen un estatus migratorio incierto de la justicia que merecen, además de perjudicar la seguridad pública al privar a los tribunales de una participación comunitaria esencial, incluida la de los testigos. Esta ley limitará los excesos de autoridad federal y garantizará que todos los residentes de Rhode Island puedan ejercer su derecho a comparecer ante los tribunales”.

“La integridad, la imparcialidad y la accesibilidad de nuestros tribunales deben protegerse a toda costa. La Ley para Proteger Nuestros Tribunales garantiza que las personas puedan acceder a ellos sin temor a acciones de control migratorio realizadas sin orden judicial”, afirmó el representante Batista. “La justicia depende de que las personas estén dispuestas y tengan la posibilidad de participar en el proceso legal, y esta legislación ayuda a salvaguardar ese principio fundamental”.

“Dado que nuestra población inmigrante manifiesta un temor muy real y palpable hacia los agentes del ICE, es imperativo establecer estas salvaguardias para proteger el derecho al voto”, declaró la senadora Quezada. “La ley federal prohíbe explícitamente la intimidación y la coacción que interfieran con el derecho de una persona a votar. Dicha intimidación puede llegar a inhibir la participación electoral, especialmente en comunidades de nuevos estadounidenses que ya se sienten marginados del proceso democrático”.

“Esta ley protege la integridad de nuestras elecciones al garantizar que todo votante elegible de Rhode Island pueda ejercer su derecho al voto sin intimidación”, afirmó el representante Giraldo. “Establece una zona de seguridad de 200 pies para evitar la presencia de agentes federales de inmigración en los centros de votación públicos o sus inmediaciones, lo cual podría disuadir la participación electoral. Como miembro de una familia de inmigrantes colombianos, puedo asegurarles por experiencia propia que la presencia de vehículos o personal del ICE intimida profundamente a los inmigrantes de primera generación, incluidos los ciudadanos naturalizados y los votantes legales. Esto es especialmente cierto en comunidades como Central Falls, a la que represento, que cuentan con una gran población inmigrante”.