El gobernador presenta una enmienda presupuestaria que finaliza un plan de alivio energético de 1.000 millones de dólares
La propuesta revisada de medición neta virtual ahorra a los usuarios hasta 258 millones de dólares, al tiempo que protege los proyectos en operación
PROVIDENCE, RI — Governor Dan McKee sometió hoy una enmienda presupuestaria revisando la propuesta para el año fiscal 2027 que regula los proyectos solares a gran escala bajo el programa de Medición Neta Virtual (VNM) de Rhode Island. La propuesta revisada ofrece un programa más rentable que generará ahorros de hasta 258 millones de dólares para los usuarios de las tarifas eléctricas a lo largo de cinco años. Con esta presentación, el plan del Gobernador para el alivio de los usuarios —valorado en 1,000 millones de dólares— queda completado y ante la Asamblea General.
“La mayor dificultad que escucho actualmente de los residentes de Rhode Island son sus crecientes facturas de energía”, afirmó el gobernador McKee. “Esta propuesta protege los proyectos que ya están en marcha, alinea nuestro programa solar con el de la región y nos acerca un paso más a brindar 1,000 millones de dólares en alivio real a las familias y empresas que más lo necesitan”.
Al desarrollar estos ajustes, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 26-1 del Gobernador, la Administración interactuó con una amplia gama de partes interesadas —incluidos representantes del sector laboral, desarrolladores de proyectos solares residenciales y comerciales, y grupos de defensa de los consumidores—, y recibió apoyo para esta propuesta de numerosos desarrolladores solares, entre ellos Nautilus Solar Energy, Ameresco, Dispatch Energy, CleanCapital, Altus Power y Nexamp.
La propuesta solar revisada:
Protege los proyectos existentes y a los compradores de energía: La propuesta es totalmente voluntaria tanto para los proyectos en operación como para aquellos que se encuentran en lista de espera. Todos los proyectos elegibles pueden permanecer bajo la estructura de compensación actual sin cambios, garantizando así la preservación de los contratos y los flujos de ingresos existentes. (Entre los compradores de energía se incluyen —aunque no de forma exclusiva— municipios, universidades, distritos escolares y hospitales).
Incorpora una opción predecible de tarifa fija: Se introduce una nueva estructura de compensación voluntaria —de adhesión opcional— que comienza en $0.19/kWh e incluye un incremento anual del 2.75% durante un plazo de 25 años; esto brinda certidumbre de precios a largo plazo tanto para los desarrolladores como para los compradores de energía, al tiempo que reduce los costos para los usuarios del servicio en cientos de millones.
Mejora la eficiencia económica de cara al futuro: La propuesta reduce el límite máximo del VNM (Medición Neta Virtual) a 125 MW y transfiere los proyectos futuros al programa de Crecimiento de Energías Renovables, el cual resulta más eficiente en términos de costos y se alinea mejor con los enfoques adoptados por los estados vecinos.
La enmienda presupuestaria del gobernador también aclara el enfoque de la propuesta inicial respecto a la incorporación de energía nuclear de menor costo y energía hidroeléctrica a gran escala, con el fin de reducir los costos del Estándar de Energía Renovable (RES); esto se logra mediante el establecimiento de un nivel independiente dentro del Estándar de Energía Limpia, lo cual alinea a Rhode Island con otros estados y simplifica la implementación.
Ni la propuesta inicial del Gobernador ni estas revisiones se aplican a los sistemas solares residenciales instalados en tejados.
Con esta última enmienda, el gobernador ha presentado ante la Asamblea General su propuesta completa para reducir los cargos en las facturas de servicios públicos en 1.000 millones de dólares a lo largo de los próximos cinco años. Además de las reformas incluidas en la enmienda presupuestaria, dichas acciones comprenden:
Reformar el RES alineando su cronograma con la Ley sobre el Clima y ampliando la elegibilidad a recursos limpios de menor costo, tales como la energía nuclear y la hidroeléctrica a gran escala, reduciendo así un cargo que, de otro modo, se triplicaría para los usuarios de las tarifas para el año 2031.
Alinear el gasto en eficiencia energética con el de los estados vecinos, reencauzando un programa —que había crecido de manera desproporcionada respecto al resto de la región— para equipararlo nuevamente con los niveles de gasto de Connecticut y Nueva York.
Eliminar los pagos de bonificación a los accionistas de las empresas de servicios públicos, poniendo fin a un costo integrado en las estructuras tarifarias actuales que los usuarios no deberían tener que asumir.
Reformar los requisitos de pavimentación exigidos a las empresas de servicios públicos, reduciendo un factor de costo inmediato que está ejerciendo una presión innecesaria sobre los cargos por distribución.
