El juez de distrito John C. Coughenour interrumpió repetidamente a un abogado del Departamento de Justicia durante los argumentos para preguntar cómo podía considerar la orden constitucional. Cuando el abogado Brett Shumate respondió que le gustaría tener la oportunidad de explicarlo en una sesión informativa completa, Coughenour le dijo que la audiencia era su oportunidad.
La orden de restricción temporal solicitada por Arizona, Illinois, Oregon y Washington fue la primera en obtener una audiencia ante un juez y se aplica a nivel nacional.+
El caso es una de cinco demandas presentadas por 22 estados y varias agrupaciones de inmigrantes en todo el país. Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y de mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses.
Coughenour, nombrado por el expresidente Ronald Reagan, comenzó la audiencia interrogando a los abogados del gobierno, diciendo que la orden “era desconcertante”.
“Esta es una orden abiertamente inconstitucional”, le dijo Coughenour a Shumate. Coughenour agregó que ha estado en el tribunal por más de cuatro décadas, y no podía recordar haber visto otro caso donde la acción impugnada fuera tan claramente inconstitucional.
Shumate dijo que respetuosamente no estaba de acuerdo y pidió al juez la oportunidad de tener una sesión informativa completa sobre los méritos del caso, en lugar de emitir una orden de restricción de 14 días que bloqueara su implementación.
El Departamento de Justicia señaló más tarde en un comunicado que “defenderá vigorosamente” la orden del presidente, la que, señaló, “interpreta correctamente la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.
“Estamos impacientes por presentar un argumento completo sobre los méritos ante el tribunal y al pueblo estadounidense, que está desesperado por ver que se cumplan las leyes de nuestra nación”, indicó el departamento.
En su argumento a favor de los estados, el subsecretario de Justicia de Washington, Lane Polozola, calificó de “absurdo” el argumento del gobierno de que los hijos de padres que viven ilegalmente en el país no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
”¿No están sujetos a las decisiones de los tribunales de inmigración?”, preguntó. ”¿No deben cumplir las leyes mientras están aquí?”.
También subrayó que la orden de restricción era justificada porque, entre otras cosas, comenzaría inmediatamente a requerir que los estados gasten millones de dólares para reformar los sistemas de atención médica y de beneficios para reconsiderar el estado de ciudadanía de un solicitante.
“La orden ejecutiva afectará a cientos de miles de ciudadanos en todo el país que perderán su ciudadanía bajo esta nueva regla”, dijo Polozola. “No se pueden poner en pausa los nacimientos mientras el tribunal considera este caso”.
El gobierno señaló que la orden, firmada por Trump el mismo día en que tomó posesión, únicamente afectaría a aquellos nacidos después del 19 de febrero, fecha en que entraría en vigor. Por lo tanto, arguyó, la suspensión no es justificada.
El fiscal general de Washington, Nick Brown, dijo a los reporteros posteriormente que no le sorprendió que Coughenour tuviera poca paciencia ante la postura del Departamento de Justicia, tomando en cuenta que la cláusula de Ciudadanía se originó de uno de los capítulos más oscuros de la ley estadounidense, la decisión de la Corte Suprema de 1857 en el caso Dred Scott, la cual estableció que las personas de raza negra, ya fueran esclavos o libres, no tenían derecho a la ciudadanía.
“Hay bebés que están naciendo en este momento, mañana, todos los días en todo este país, y por eso teníamos que actuar ahora”, dijo Brown. Añadió que ha sido “la ley de la tierra durante generaciones, que eres ciudadano estadounidense si naces en suelo estadounidense, punto”.
“Nada de lo que el presidente pueda hacer cambiará eso”, puntualizó.
Estados Unidos es uno de alrededor de 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho del suelo”. La mayoría están en el continente americano, incluidos Canadá y México.
Las demandas argumentan que la 14ta Enmienda de la Constitución garantiza la ciudadanía para las personas nacidas y naturalizadas en el país, y los estados han estado interpretando la enmienda de esa manera durante un siglo.
Ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, la enmienda dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La orden de Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y ordena a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía para los niños que no tienen al menos un padre que sea ciudadano.
Un caso clave sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento se desarrolló en 1898. El Tribunal Supremo sostuvo que Wong Kim Ark, quien nació en San Francisco de inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en el país. Después de un viaje al extranjero, se le prohibió entrar al país bajo el argumento de que no era ciudadano bajo la Ley de Exclusión China.
Pero algunos defensores de las restricciones migratorias han argumentado que ese caso claramente se aplicaba a niños nacidos de padres que eran ambos inmigrantes legales. Dicen que es menos claro si se aplica a niños nacidos de padres que viven ilegalmente en el país.
La orden ejecutiva de Trump llevó a los fiscales generales a compartir sus conexiones personales con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, el fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento y el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en la nación, dijo que la demanda era personal para él.
“No hay un debate legal legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté completamente equivocado no le impedirá causar un daño grave en este momento a familias estadounidenses como la mía”, declaró Tong esta semana.
Una de las demandas destinadas a bloquear la orden ejecutiva incluye el caso de una mujer embarazada, identificada como “Carmen”, que no es ciudadana pero ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente que podría llevar a un estatus de residencia permanente.
“Despojar a los niños del ‘tesoro invaluable’ de la ciudadanía es una grave lesión”, dice la demanda. “Les niega la plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.